INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA, partido político nacido ante la necesidad de regenerar la democracia mediante la superación del actual oligopolio de los partidos dominantes, se ve en la necesidad de manifestar que el espectáculo recientemente ofrecido en los medios de comunicación por el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno, el Ministro del Interior, los Presidentes de diversas Comunidades Autónomas, los jefes de los distintos partidos y los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, tratando de interpretar y de encontrarle un sentido al dislate del último comunicado emitido por ETA tras la comisión de dos viles asesinatos, le parece lamentable y rebasa todos los límites de lo aceptable. Sabíamos que la actual clase política andaba desorientada, pero no imaginábamos que hubiese perdido el norte hasta tal punto.

El problema del terrorismo etarra, que comenzó en su origen siendo sólo un problema político, para adquirir, también casi desde el principio, una cada vez mayor dimensión criminal y de orden público, debe ser abordado en esa doble vertiente sin complejos y con firme racionalidad.

Un gobierno democrático tiene la obligación de dialogar hasta el límite de lo posible, mas sin llegar nunca a la concesión de derechos metaconstitucionales que, como el de autodeterminación de territorios, pertenecen a la nación española en su conjunto.

Pero ese mismo gobierno no puede en ningún momento abdicar de su responsabilidad como principal garante, en todo el territorio nacional, del mantenimiento del orden público y del derecho a la libertad y a la seguridad de todos los ciudadanos con todos los medios a su alcance, legales y policiales, y con toda la energía de que son capaces los gobiernos en los modernos estados de derecho.

Y en ambos frentes, el político y el policial, tomando siempre la iniciativa y procurando no incurrir jamás en situaciones en las que pueda verse obligado a actuar al dictado de planteamientos por definición inadmisibles ni al ritmo que le marquen bandas de criminales.

La por todos deseada "paz" tiene un precio, que para los terroristas debe ser en todo caso, hasta que de su parte la declaren, el de verse perseguidos e inmisericordemente acosados por las fuerzas de seguridad y los servicios de información del Estado y condenados por sus tribunales de justicia a penas que se cumplan íntegramente en sus instituciones penitenciarias, y que para la ciudadanía de bien no podrá ser nunca el de la humillación a que la están sometiendo la totalidad de sus actuales representantes políticos.